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El Capítulo V del Código de Mejores Prácticas Corporativas del Consejo Coordinador Empresarial, incluye conceptos y recomendaciones vinculadas con la auditoría de estados financieros. Esta actividad profesional, exclusiva del Contador Público ha efectuado cambios significativos sobre las normas para llevarla a cabo, las cuales responden a las presiones de un entorno globalizado y a las expectativas de quienes dirigen empresas o cumplen responsabilidades de esta naturaleza en entidades del sector gubernamental.

Si se toma en consideración un concepto general, la auditoría es: el examen de la organización, las transacciones, los sistemas y el desempeño de una entidad económica, para contribuir a la oportuna prevención de riesgos, la productividad en la utilización de los recursos y el acatamiento permanente de los mecanismos de control interno implantados por los responsables de su administración.

Esta definición plantea objetivos que involucran tanto a los auditores internos vinculados laboralmente a dicha entidad como a los auditores externos o independientes que dictaminan sus estados financieros. También refleja las expectativas del mercado respecto a la auditoría, es decir, los valores agregados para la entidad y los resultados que puedan medirse a cambio del costo del servicio.

A su vez, la auditoría de estados financieros se define como: el examen de dichos documentos, preparados por la administración de una entidad económica, con objeto de emitir un dictamen respecto a si la información que incluyen se ha estructurado de acuerdo con las normas aplicables a la naturaleza de sus operaciones.

Las normas para efectuar una auditoría de estados financieros han evolucionado a lo largo de más de cinco décadas. Actualmente son ya normas internacionales difundidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento (CONAA) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). El espíritu de su origen, que prevalece, las consideró requisitos básicos de calidad sobre la persona del auditor, el examen que efectúa a los estados financieros y el dictamen u opinión por escrito que emite como resultado de ello. Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) son la piedra angular para construir la confianza de los numerosos usuarios de la información financiera.

El trabajo profesional que conduce al dictamen es largo, complejo, muy interesante y colmado de retos; se lleva a cabo en varias etapas que comienzan en los albores del ejercicio auditado y concluyen durante los primeros dos o tres meses del siguiente.

Ahora bien, la parte medular de la auditoría de estados financieros ocurre antes de la formalización del servicio, por lo que el auditor debe aplicar las NIA antes de su contratación. Veamos por qué.

Plan de auditoría

El éxito de la auditoría de estados financieros depende en gran parte de la integridad con la que el Contador Público cumple con las NIA, a fin de calcular sus honorarios. El plan de auditoría surge de las actividades para presentar al cliente prospecto una propuesta de servicios que implica visitar la empresa, conocer sus instalaciones, entrevistar a sus principales funcionarios y obtener los documentos necesarios para perfilar el control interno en los sistemas representativos de la gestión e identificar los volúmenes de recursos humanos y materiales involucrados en ella.

Con esta información se definen los siguientes tres factores básicos que respaldan el cálculo de dichos honorarios:

  • Cantidad de horas-hombre para efectuar la auditoría.
  • Grado de dificultad técnica para llevarla a cabo.
  • Cantidad y jerarquía profesional del personal que participará en ella.

Un indicador importante sobre la calidad del plan de auditoría es el anexo que, en su caso, debe acompañar a la propuesta de servicios. Este anexo resume áreas de oportunidad identificadas por el auditor durante su visita a la empresa y aclara que estas no se basan en procedimientos de auditoría, sino en observaciones directas sobre riesgos significativos o actividades indebidas, cuyos efectos no se han presentado todavía en la entidad, tales como: insuficientes mecanismos de seguridad física para el acceso a las instalaciones, incluyendo el centro de cómputo; documentación confidencial expuesta en ausencia de quienes la manejan; libre acceso al almacén desde el área de recepción de embarques, con riesgo de entradas de mercancías cuya cantidad y calidad no han sido aprobadas, etcétera.

Como se deduce de los ejemplos anteriores, el auditor puede agregar valor a la empresa antes de ser contratado. Así, a mayor abundamiento, la dedicación con la que se prepara y se presenta la propuesta de honorarios, es un claro anticipo de la calidad que puede esperarse de quien llevará a cabo la auditoría de los estados financieros.

Designación y desempeño del auditor

En empresas de grandes dimensiones y en las PyME, la selección del auditor que dictaminará sus estados financieros debe llevarse a cabo entre dos o tres firmas de Contadores Públicos. Las propuestas concursantes deben incluir, por lo menos, resúmenes sobre factores utilizados para calcular los honorarios; número y niveles jerárquicos del personal que efectuará la auditoría; etapas en que se realizará, incluyendo sus objetivos; productos y fechas de entrega, dentro de los que destacan las recomendaciones al control interno, el dictamen y otros informes a las autoridades que se vinculan con el giro de la entidad.

Para cumplir con su propuesta y el contrato de servicios respectivo, el auditor queda sujeto a la transparencia y oportunidad con que la empresa le proporcione toda la información que él requiera. Además, dichos documentos constituyen las dos principales referencias para monitorizar su trabajo. En empresas de grandes dimensiones este seguimiento lo hace el Comité de Auditoría; en las PyME dicha tarea corresponde a la Dirección de Finanzas. Cumplir con fechas y plazos, la oportuna entrega de las recomendaciones al control interno y el valor que agregan a la entidad, la disciplina y calidad con la que se comporta el equipo de auditores, entre otros puntos importantes, permiten a la empresa evaluar la calidad del trabajo y preparar decisiones. Los clientes pagan por un resultado, no por un servicio.

En un escenario globalizado como el actual, en donde la información financiera debe prepararse de acuerdo con las normas internacionales, las exigencias sobre su confiabilidad se han acentuado y dictaminar estados financieros implica una enorme responsabilidad para el auditor externo. Por ello, las NIA le obligan a cumplir con severos lineamientos sobre la calidad de su trabajo; dentro de estos destaca el relativo a su independencia, ya que salvaguarda sus facultades y autonomía profesional para construir un dictamen libre de interferencias.

La facultad se define como el derecho inherente a un cargo para llevar a cabo ciertas tareas o actividades que se le han conferido. Respecto al auditor que dictaminará los estados financieros, dichas facultades se encuentran respaldadas por el contrato de servicios profesionales celebrado con su cliente. La naturaleza propia de la auditoría y el impacto que el dictamen produce en el entorno social nutren también las facultades del auditor. Los responsables de la gestión en una entidad económica administran riesgos, toman decisiones, reducen o incrementan estructuras, con base en la información financiera dictaminada.

Por lo anterior, las facultades del auditor externo implican que tenga acceso a toda la información documental y electrónica que se identifica con los registros contables y también a toda aquella que, sujeta a contingencias, pueda o no implicar su registro en la contabilidad. Dicho en otros términos: las facultades del auditor que dictaminará los estados financieros deben ser ilimitadas; su gran responsabilidad social lo justifica plenamente.

Es muy recomendable que los empresarios consideren que una de las partes más importantes de la auditoría de estados financieros es la planeación y que esta comienza antes de contratar el servicio. El nivel de calidad esperado, las dimensiones del compromiso profesional del auditor, la ausencia de conflictos de interés, así como la independencia y objetividad de su criterio, deben quedar claramente descritos en la propuesta de servicios y honorarios profesionales.

La segunda década del siglo XXI plantea nuevas crisis cuyas oportunidades deben ser aprovechadas. La auditoría, con todas sus implicaciones, hará la parte que le corresponde para agregar valor a las entidades económicas, contribuir a profesionalizar la administración de riesgos en escenarios cada vez más sofisticados, actualizar los mecanismos de control sobre la gestión y, en resumen, superar las expectativas de sus clientes y del público en general.

 

 

C.P. Gabriel Sánchez Curiel

Consultor independiente

Catedrático de Auditoría por Oposición

Miembro del Consejo Técnico de la FCA, UNAM

Fuente: Revista Contaduría Pública www.contaduriapublica.org.mx


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