Por: CP Iván Rodríguez. Colaborador de Auditool.

La ley de transparencia corporativa (Corporate Transparency Act, en adelante CTA) es una legislación de EE. UU. que busca promover y garantizar la transparencia en las actividades de las compañías, especialmente en lo relacionado con su gobierno, operaciones financieras y responsabilidad social. El objetivo principal de esta ley es fomentar la rendición de cuentas y fortalecer la confianza de los stakeholders (partes interesadas) en las compañías.

La CTA se promulgó el 1 de enero de 2021 como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para impedir el uso de compañías para evadir las normas contra el blanqueo de capitales o para ocultar otras actividades ilegales. En virtud de la CTA, las compañías estarán obligadas a presentar la información relativa a sus beneficiarios reales mediante un registro de beneficiarios mantenido por la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network -FinCEN^[1], por sus siglas en inglés).

En términos generales, la CTA contempla las siguientes consideraciones.

1. Divulgación de información financiera: las compañías están obligadas a proporcionar información financiera precisa y completa sobre sus estados financieros, incluyendo informes anuales, balances, estados de resultados y flujos de efectivo.
2. Gobierno corporativo: se establecen regulaciones para promover la transparencia en la estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno de las compañías, como las juntas directivas, comités de auditoría y remuneración. Dentro de lo cual está incluida la divulgación de información sobre la composición de los órganos de gobierno, políticas de remuneración, conflictos de interés y toma de decisiones importantes.
3. Revelación de conflictos de interés: las compañías pueden estar obligadas a divulgar cualquier conflicto de interés que pueda afectar su toma de decisiones o generar desventajas para los stakeholders.
4. Responsabilidad social y ambiental: la ley puede requerir que las compañías informen sobre sus actividades en materia de responsabilidad social y ambiental, como programas de sustentabilidad, políticas de igualdad de género, prácticas laborales justas, impacto ambiental y contribuciones a la comunidad.
5. Protección de datos: en el marco de la transparencia corporativa, también se puede contemplar la protección de datos personales y la privacidad de los individuos que interactúan con la empresa.

Antecedentes

Hay algunas de las disposiciones normativas respecto de la transparencia corporativa y son las siguientes:

• Ley Sarbanes-Oxley (SOX): en 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó esta ley en respuesta a los escándalos corporativos, como el caso Enron. SOX estableció normas más estrictas de auditoría, gobernanza corporativa y divulgación de información financiera para las empresas públicas.

• Ley Dodd-Frank: aprobada en 2010, esta legislación abordó la regulación financiera después de la crisis financiera de 2008. Dodd-Frank incluye disposiciones relacionadas con la transparencia corporativa, como la obligación de que ciertas empresas informen sobre sus prácticas de abastecimiento de minerales de conflicto.

• Ley de Divulgación de Pagos a Gobiernos Extranjeros (Dodd-Frank, Sección 1504): esta disposición, también conocida como "Ley de Transparencia de los Pagos de la Industria Extractiva", requiere que las empresas extractivas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos divulguen los pagos que realizan a gobiernos extranjeros.

• Ley de Valores (Securities Act) y Ley de Intercambio de Valores (Securities Exchange Act): estas leyes son fundamentales para la regulación de los mercados de valores y establecen requisitos de divulgación para las empresas que cotizan en bolsa y emiten valores.

Definiciones y obligaciones

De acuerdo con la CTA, las entidades obligadas a reportar se denominan “compañías declarantes”. Una compañía declarante se define como una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, u otra entidad similar creada en virtud de la legislación estatal o constituida bajo las leyes de una jurisdicción extranjera y registrada para hacer negocios en Estados Unidos.

No está claro si una entidad similar incluye sociedades o fideicomisos, por lo que se espera que la normativa reglamentaria que se emita aporte claridad al respecto. No obstante, hay ciertas excepciones:

• Las empresas que emplean a más de 20 personas, que reporten ingresos de más de 5 millones de dólares en las declaraciones de impuestos y tengan presencia física en Estados Unidos.

• La mayoría de las instituciones de servicios financieros, incluidas las empresas de inversión y contabilidad, las empresas de comercio de valores, los bancos y las cooperativas de crédito que rinden cuentas a organismos gubernamentales como la Comisión de Valores y Bolsa, la Oficina del Contralor de la Moneda o la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC) y están reguladas por ellos.

• Iglesias, organizaciones benéficas y otras organizaciones sin ánimo de lucro.

La ley exige a las empresas estadounidenses que presenten un informe con el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección actual y el número de identificación único (de un pasaporte o de un permiso de conducir, por ejemplo) de los «beneficiarios efectivos» de la empresa al FinCEN. Esta información debe actualizarse cada año para reflejar cualquier cambio.

Según la CTA, un «beneficiario efectivo» es un individuo que, directa o indirectamente, a través de cualquier contrato, acuerdo, entendimiento, relación o de otro modo:

1. Ejerce un control sustancial sobre una entidad.
2. Posee o controla al menos el 25% de los intereses de propiedad de una entidad.

La CTA define el término «solicitante» como un individuo que «presenta» una solicitud para constituir una entidad en Estados Unidos o, en el caso de una entidad extranjera, un individuo que «registra o presenta» una solicitud para que la entidad extranjera haga negocios en este país.

Toda vez que el objetivo principal de la CTA es proporcionar a las autoridades información sobre beneficiarios reales con el fin de detectar, prevenir y castigar el terrorismo, el lavado de dinero y otras conductas indebidas de entidades comerciales, en caso de incumplimiento a esta normativa hay un régimen sancionatorio, que incluye multas e incluso prisión para quien suministre información falsa.

En ese orden de ideas, es importante que los auditores conozcan las obligaciones legales de las organizaciones al respecto, para considerarlas en sus evaluaciones y recomendaciones en beneficio de todos.

^[1] FinCEN es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que realiza las atribuciones de Unidad de Inteligencia Financiera. Esto significa que recopila y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros nacionales e internacionales.

CP Iván Rodríguez - CIE AF

Auditor y consultor, diplomado en Alta Gerencia de Seguros y Derecho de Seguros. Especialista en Dirección Financiera y Desarrollo Organizacional, diplomado en Gerencia de la Calidad. Contador público (CP) de la Pontificia Universidad Javeriana con 20 años de experiencia en diversas empresas. Tiene amplia experiencia en la elaboración y ejecución de auditorías y revisorías fiscales. Dirección y ejecución de asesorías, consultorías y capacitaciones. Colaborador de Auditool.

Bogotá D.C., Colombia.