Por: Marco Bonilla. Colaborador de Auditool

La contratación administrativa es el instrumento a través del cual el Estado no solamente posibilita la ejecución de un importante volumen de recursos del presupuesto nacional, dirigidos a afrontar la inversión de su plan de desarrollo, sino que participa desde lo laboral en el concurso de mucha gente particular, especialmente para lograr el desarrollo de la prestación de los servicios públicos, a ella encomendada.

El proceso de la contratación parte del principio de la buena fe, de la transparencia, de la moralidad, elementos fundamentales concebidos no solo en la constitución política sino también en sanas prácticas concebidas a través de un Sistema de Control Interno reglamentado e implementado por la Ley.

Sin embargo, los estudios han demostrado que una de las actividades con mayor índice de corrupción es precisamente el proceso de contratación estatal, dada cuenta de las siguientes debilidades en los procesos:

  • Falta de compromiso de las áreas que intervienen.
  • Proyección incorrecta del costo del servicio o bien.
  • Fraccionamiento (para evitar selección objetiva). 
  • Competencia desleal.
  • Solicitud de prebendas para adjudicación.
  • Inequidad en la adjudicación.
  • Interventoría sin independencia mental.
  • Desviación de anticipos.
  • Reclamación de desequilibrio económico, propiciando reajuste en el precio inicial del contrato.
  • Cambio a última hora en los términos de referencia.
  • Monopolio de contratistas.
  • Creación de empresas para adjudicación de contratos, sin experiencia.
  • Adjudicación sin las cotizaciones necesarias de acuerdo con la ley.

Basta revisar estudios recientes para confirmar que este flagelo antes que disminuir, se ha incrementado ostensiblemente, lo que quiere decir que el escenario a través del cual se ejecutan las finanzas públicas es devastador ante la desviación de los recursos por estos actos corruptos que debilitan la Hacienda Pública, y que frente a la práctica cada día más perversa requiere del concurso de contralorías y auditorías integrales, especializadas y con un rigor de independencia a toda prueba, que direccione y garantice los resultados a través de este proceso tan clave y vital como es la contratación estatal.

De modo que el problema no es detectar las causas y la materialidad de los hechos corruptos por medio de la contratación estatal, sino la de generar acciones preventivas a través de controles y prácticas de auditorías severas practicadas por funcionarios idóneos, especializados e independientes, con mayor envestidura, intachables en lo personal y profesional, escogidos a través de un proceso meritocrático, que garantice el adecuado manejo de los recursos públicos a través de la contratación.

 

¡Hasta Pronto!

 

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