Esta política tiene como objetivo principal establecer un marco coherente y sistemático para la identificación, evaluación, mitigación y monitoreo de los riesgos legales asociados a las operaciones de la organización. Pretende minimizar la exposición a sanciones, litigios, pérdidas financieras y daños a la reputación, promoviendo un entorno de cumplimiento normativo y conciencia legal entre todos los empleados.
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