Esta política busca garantizar un proceso de terminación laboral que sea transparente, justo, equitativo y conforme a la ley, promoviendo la confianza y protegiendo la reputación de la organización. Además, asegurar que cada terminación se realice en un ambiente de respeto y profesionalismo, protegiendo tanto a la empresa como al empleado de potenciales disputas legales y éticas.
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