Esta política tiene como objetivo establecer un marco estructurado para la gestión eficiente de los costos legales de la organización, con el fin de maximizar la eficacia de los recursos invertidos en asesoramiento y servicios legales. Busca garantizar que todos los gastos legales se justifiquen, se presupuesten adecuadamente y se alineen con los objetivos estratégicos y financieros de la organización, al tiempo que se mantiene el más alto nivel de defensa y cumplimiento legal.
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