Por: CP Iván Rodríguez. Colaborador de Auditool 

Durante cierto tiempo, - los últimos años -, el lavado verde (greenwashing) se entendió como una exageración publicitaria, una estrategia de relaciones públicas mal ejecutada o, en el mejor de los casos, un pecado menor del marketing corporativo. Pero esa época ha terminado. La transición global que se observa en diferentes jurisdicciones hacia estándares de divulgación climática obligatorios y auditables ha transformado radicalmente la naturaleza de las afirmaciones de sostenibilidad: ya no son aspiraciones de la administración, sino partidas en los estados financieros auditados. En ese sentido, el lavado verde no se refiere solamente a una crisis de reputación, sino a una falla en el control financiero. Y frente a esta realidad, el auditor, bien sea interno o externo, tiene un papel decisivo en la nueva era de rendición de cuentas.

El lavado verde no es un desliz de comunicación, sino un fallo de control interno. Y como tal, debe ser abordado con herramientas de auditoría, no con campañas de reputación.

Hace algún tiempo, el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD) publicó en 2017 sus recomendaciones voluntarias. En aquel entonces, la sostenibilidad era un ejercicio de comunicación: informes de responsabilidad social corporativa - RSC, campañas de marca, compromisos públicos sin verificación externa. Pero luego, con la adopción de las normas NIIF (IFRS) S1 y S2[1], ya obligatorias en decenas de países, cambió el panorama.

Estas normas exigen que los riesgos y oportunidades climáticos se integren en los informes financieros, con el mismo nivel de rigor, trazabilidad y garantía externa que cualquier otra partida contable. Esto significa que:

📊 Las afirmaciones sobre emisiones, escenarios climáticos o metas de descarbonización deben estar respaldadas por datos verificables.
🔍 Los auditores deben pronunciarse sobre su razonabilidad.
⚖️ Las discrepancias entre lo que se dice y lo que se mide pueden tener consecuencias legales y sanciones económicas.

El lavado verde, por tanto, deja de ser un problema de mensajes inconsistentes para convertirse en un problema de controles internos, validación de datos y coherencia entre áreas funcionales. Esto, no obstante que en julio de 2023, el Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board - FSB) anunció que el trabajo del Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera relacionada con el Clima (TCFD) había concluido y por tanto se disolvió en octubre de 2023. Las empresas que apliquen la NIIF S1, Requisitos generales para la divulgación de información financiera relacionada con la sostenibilidad, y la NIIF S2, Información a revelar relacionada con el clima, cumplirán con las recomendaciones del TCFD, ya que estas están plenamente incorporadas en las Normas del ISSB.

Lavado verde estructural: no mala fe, sino descoordinación

En muchas ocasiones, el lavado verde estructural no nace de la mala fe, sino de la descoordinación entre áreas de la empresa. Mientras que los equipos de sostenibilidad suelen estar recompensados por fijar objetivos públicos ambiciosos, las áreas de riesgo y tesorería son evaluadas por su prudencia financiera y modelización precisa de escenarios.

Un ejemplo: el equipo de sostenibilidad publica un compromiso de limitar el calentamiento global a 1,5 °C y el equipo financiero, en el mismo informe anual, utiliza internamente escenarios de 3 °C para sus proyecciones de negocio. Ambos equipos hacen su trabajo correctamente según sus métricas, pero no se revisa que esas dos realidades se reconcilien. No hay un mecanismo de gobernanza que obligue a la coherencia. Y ahí es donde el auditor debe participar como el garante de que las cifras públicas y los supuestos internos hablan el mismo idioma.

✓ Las que se anticiparon

Entendieron el TCFD como una señal temprana para rediseñar sus sistemas de medición, documentación y control. Están ahora gastando una fracción de lo que invertirán las rezagadas.

❌ Las que esperaron

Esperan a la obligatoriedad y ahora enfrentan el coste de adaptar procesos ya consolidados, documentar de forma reactiva y cerrar brechas de datos bajo presión.

🏛️ El caso de la Directiva CSRD de la UE

La Directiva CSRD de la UE 2022/2464, la cual establece un marco obligatorio de información corporativa en sostenibilidad para empresas europeas, con estándares comunes, es ilustrativo: su simplificación parcial en 2025 generó incertidumbre, y muchas empresas trataron el requisito como un simple ejercicio de cumplimiento, sin construir una arquitectura de datos robusta. Aquellas que ya habían invertido en medición resiliente bajo el TCFD pudieron absorber el cambio como un problema de formato; las demás, como un problema estratégico. Esto evidencia que adelantarse a la regulación no es un gasto, es una inversión en resiliencia operativa y reputacional.

Los reguladores y otras instancias de supervisión y control pueden preguntar:

📝 ¿Quién firmó cada informe de sostenibilidad?
📋 ¿Cuáles son las afirmaciones y qué evidencia la respalda?
💰 ¿Cuánto costaría a la empresa un incumplimiento?

Estas preguntas buscan identificar lagunas o debilidades específicas en los sistemas de control. La confianza sin especificidad es, hoy, la respuesta más peligrosa que puede dar una empresa. Por ello:

🔍 El auditor interno

Debe desarrollar competencias en datos climáticos, modelos de escenarios y validación de hipótesis.

🏛️ El auditor externo

Debe aplicar los mismos criterios de materialidad y evidencia a las partidas climáticas que a las financieras.

📊 La función de sostenibilidad

Debe ser auditada con el mismo rigor que la tesorería o el control de gestión.

En la era de la divulgación obligatoria, el lavado verde no se combate con mejores eslóganes, sino con mejores pistas de auditoría.

Las empresas que sigan tratando la sostenibilidad como una herramienta de imagen seguirán acumulando riesgos legales, financieros y reputacionales. Aquellas que la integren en el núcleo de su gobierno corporativo, con trazabilidad, verificación y coherencia interdepartamental, estarán preparadas para la nueva realidad. Esto se constituye en un argumento para orientar el presupuesto de control más como lo haría un auditor, que como un profesional del marketing. En la era de la divulgación obligatoria, el lavado verde no se combate con mejores eslóganes, sino con mejores pistas de auditoría y esto redunda en fortalecer la imagen de la organización frente a clientes, consumidores, accionistas y la sociedad en general.

[1] IFRS S1 establece los requerimientos generales de información financiera relacionada con sostenibilidad, mientras que IFRS S2 se centra en la divulgación de riesgos y oportunidades climáticas. Se emitieron por la Junta Internacional de Normas de Sostenibilidad (International Sustainability Standards Board - ISSB) en junio de 2023.

[2] Ver: The Greenwashing Reckoning Isn’t About Marketing

 

CP Iván Rodríguez - CIE AF

Colaborador de Auditool

Auditor y consultor, diplomado en Alta Gerencia de Seguros y Derecho de Seguros. Especialista en Dirección Financiera y Desarrollo Organizacional, diplomado en Gerencia de la Calidad. Contador público (CP) de la Pontificia Universidad Javeriana con 20 años de experiencia en diversas empresas. Tiene amplia experiencia en la elaboración y ejecución de auditorías y revisorías fiscales. Dirección y ejecución de asesorías, consultorías y capacitaciones. Colaborador de Auditool.

 

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