Esta política está diseñada para establecer un marco coherente y estructurado para la gestión eficaz de todos los litigios y reclamaciones enfrentados por la organización. Su objetivo es minimizar el impacto adverso de dichos litigios y reclamaciones en las operaciones y la reputación de la organización, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de las obligaciones legales y la protección de los derechos e intereses de la organización.
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