Por: CP Iván Rodríguez. Colaborador de Auditool 

En un entorno empresarial caracterizado por la transformación digital, la inteligencia artificial, los sistemas avanzados de control y una regulación financiera cada vez más exigente, resulta sorprendente que en algunas organizaciones todavía se puedan protagonizar fraudes multimillonarios mediante procedimientos relativamente sencillos: manipulación de facturas, ocultamiento de pasivos, sobrevaloración de activos y utilización de las mismas garantías para obtener múltiples financiaciones. Esta realidad plantea una pregunta incómoda para la profesión contable y de auditoría: ¿cómo es posible que, después de décadas de reformas regulatorias, avances tecnológicos y fortalecimiento de los sistemas de control interno, continúen produciéndose fraudes financieros de enorme magnitud mediante mecanismos que aparentemente deberían ser fáciles de detectar?

El interrogante adquiere especial relevancia al examinar los casos de First Brands y Tricolor, dos compañías estadounidenses vinculadas con la industria automotriz que solicitaron protección por bancarrota en septiembre de 2025, después de que salieran a la luz presuntas irregularidades financieras que comprometieron miles de millones de dólares.

El documento 25 Years After Sarbanes-Oxley, How Is Fraud This Simple Still Possible?¹, (25 años después de Sarbanes-Oxley, ¿cómo sigue siendo posible un fraude tan simple?) analiza estos acontecimientos y propone enseñanzas fundamentales para las entidades financieras, los responsables de cumplimiento y quienes participan en la evaluación del riesgo crediticio. Sin embargo, sus conclusiones también tienen profundas implicaciones para los auditores internos, auditores externos, revisores fiscales, comités de auditoría y responsables del gobierno corporativo.

La Ley Sarbanes-Oxley (SOX), promulgada en Estados Unidos en 2002 como respuesta a escándalos corporativos como Enron y WorldCom, representó uno de los cambios más importantes en la regulación de la información financiera y la auditoría. Su propósito fue fortalecer la responsabilidad de la administración, mejorar la confiabilidad de los estados financieros, promover la independencia de los auditores y establecer mayores exigencias sobre los sistemas de control interno.

La regulación constituye una condición importante para fortalecer la transparencia, pero su efectividad depende de la calidad de los controles, la integridad de las personas y la capacidad de los auditores para identificar señales de alerta.

Una de las enseñanzas del documento consiste en reconocer que el gobierno corporativo constituye un indicador fundamental del riesgo crediticio y de fraude. Una organización puede disponer de políticas, procedimientos, manuales y sistemas informáticos, pero si las decisiones relevantes se concentran en pocas personas y no existe supervisión independiente, la efectividad de esos mecanismos puede quedar comprometida. El riesgo aumenta cuando los principales ejecutivos tienen capacidad para autorizar operaciones, modificar registros, controlar la información financiera y limitar el acceso de terceros a documentos relevantes. Desde la perspectiva del auditor, resulta indispensable evaluar si existe una separación efectiva entre quienes toman decisiones, ejecutan operaciones, registran transacciones y supervisan sus resultados. La pregunta fundamental no es únicamente si existen órganos de gobierno, sino si estos cuentan con autoridad, información e independencia suficientes para prevenir o identificar irregularidades.

Los flujos de efectivo pueden revelar problemas antes de que estos se manifiesten claramente en los indicadores de rentabilidad. Una compañía puede presentar utilidades contables favorables, crecimiento de ingresos e indicadores de EBITDA aparentemente satisfactorios, mientras enfrenta dificultades para convertir esos resultados en efectivo. Esta situación puede constituir una señal de reconocimiento indebido de ingresos, sobrevaloración de cuentas por cobrar o manipulación de información financiera.

El escepticismo profesional también resulta fundamental. Determinadas señales de alerta en los casos citados anteriormente estuvieron relacionadas con retrasos en la presentación de información, inconsistencias en los registros financieros y restricciones al acceso a documentación. Situaciones como esas deben analizarse cuidadosamente.

Después de décadas de fortalecimiento regulatorio y avances tecnológicos, los mecanismos tradicionales de fraude continúan representando amenazas significativas para las organizaciones. Si bien la manipulación de facturas, la sobrevaloración de activos, el ocultamiento de obligaciones y la utilización irregular de garantías no constituyen procedimientos novedosos, lo preocupante es que pueden permanecer sin identificar durante períodos prolongados cuando coinciden debilidades de gobierno corporativo, controles insuficientes y una confianza excesiva en la información presentada por la administración.

Esta realidad exige que los auditores reconsideren permanentemente la forma en que evalúan los riesgos y obtienen evidencia. El cumplimiento de programas de auditoría, la utilización de herramientas informáticas y la existencia de documentación formal son elementos importantes, pero no garantizan por sí solos la calidad del trabajo. La verdadera fortaleza de la auditoría se encuentra en su capacidad para comprender el negocio, cuestionar razonablemente la información, identificar inconsistencias y responder oportunamente a las señales de alerta.

También exige reconocer que los fraudes no siempre se descubren mediante investigaciones extraordinarias o tecnologías sofisticadas. En ocasiones, una simple conciliación, una confirmación independiente o el análisis cuidadoso de un cronograma de amortización puede revelar una inconsistencia que otros mecanismos de supervisión no habían identificado.

Por ello, el auditor, además de dominar nuevas tecnologías, inteligencia artificial y analítica avanzada, también tendrá que fortalecer competencias tradicionales que siguen siendo indispensables: pensamiento crítico, conocimiento del negocio, ética, independencia y escepticismo profesional.

La pregunta fundamental, 25 años después de Sarbanes-Oxley, no es únicamente por qué continúan ocurriendo fraudes aparentemente simples, sino por qué las organizaciones y sus mecanismos de supervisión siguen siendo vulnerables a ellos.

CP Iván Rodríguez - CIE AF

Colaborador de Auditool

Auditor y consultor, diplomado en Alta Gerencia de Seguros y Derecho de Seguros. Especialista en Dirección Financiera y Desarrollo Organizacional, diplomado en Gerencia de la Calidad. Contador público (CP) de la Pontificia Universidad Javeriana con 20 años de experiencia en diversas empresas. Tiene amplia experiencia en la elaboración y ejecución de auditorías y revisorías fiscales. Dirección y ejecución de asesorías, consultorías y capacitaciones. Colaborador de Auditool.