Las organizaciones deben contar con una política de segregación de funciones en la mitigación del fraude, pues al minimizar la premisa de que ningún colaborador debe tener control total sobre un proceso o transacción financiera, se disminuye la posibilidad de manipulación, abuso de poder y actividades fraudulentas, lo que contribuye a mejorar la eficiencia y seguridad en las operaciones de la organización.
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