"En desarrollo de preceptos constitucionales, se expidieron las normas orgánicas del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 152 de 1994) y del Presupuesto General de la Nación (Decreto 111 de 1996), que establecen los requisitos para preparar, presentar, aprobar, modificar y realizar el seguimiento y ejecución del presupuesto y del plan nacional de desarrollo ".
De acuerdo con estos postulados, el presupuesto se establece entonces como la principal herramienta de gestión gerencial de la administración pública, permitiendo a través de ella la realización del control, evaluación y seguimiento de los ingresos, gastos e inversiones de las diferentes entidades receptoras y ejecutadas del ejercicio público
El presupuesto es un indicador de gestión por excelencia, donde señala que la entidad cumple con sus metas de recaudo, pero también indica que lo planeado es el flujo de caja, sus compromisos y con los objetivos y metas institucionales.
Sin embargo, ya pesar de estar regulado por el movimiento y el poder cambiaron para la Ley, como los que deben realizar sobre el presupuesto: la Contraloría General de la República (Control Fiscal); Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Congreso de la República. (Control Político); Planeación Nacional (Control de resultados), Procuraduría General de la Nación (Control a las contravenciones presupuestales), aún persisten las deficiencias e irregularidades que menoscaban los recursos públicos por cuánto proceso de presupuestación, dado cuenta de las siguientes capacidades en las diferentes fases del proceso y sus requisitos:
- Carencia de un plan de compras anualizado, apropiadamente estimado en los gastos e inversiones básicas de la organización.
- Estudios de pre-factibilidad y factibilidad que sobre dimensionan los rubros de inversión y los gastos previstos en los presupuestos.
- Inexistencia de estrategias adecuadas y oportunas para el recaudo de los ingresos que aseguren el oportuno y suficiente de su recaudo por impuestos, afiliaciones, cotizaciones, aportes parafiscales, transferencias, como soporte y respaldo a las futuras erogaciones presupuestales.
- Limitados procesos de socialización y capacitación de funcionarios responsables dentro de la actividad presupuestal, en especial a los ordenadores del gasto.
- Prevalencia de control inusitado sobre los gastos, mientras que los ingresos iniciales de las operaciones necesarias y oportunas para su recaudo.
- Traslado continuo entre los rubros presupuestales que ejercen la función administrativa y la señal inequívoca de una planificación deficiente.
- Señales de desgreño administrativo e inobservancia de políticas de racionalización y austeridad en el gasto público.
- Carencia de manual de procesos y procedimientos para la actividad presupuestal.
- Limitados aplicativos automatizados que prueban la información y el puerto de los recursos disponibles y en ejecución.
- Retraso frecuente en la liberación de saldos anticipados en los certificados de disponibilidad presupuestal, que en la mayoría de los casos, congela y desaprovecha la ejecución de importantes proyectos financieros del presupuesto.
- Inequidad en la asignación presupuestal de los recursos, frente a las necesidades prioritarias de la comunidad.
- Ligereza en la asignación de contratos sin las formalidades plenas exigidas por la ley, que ocasionalmente detrimento en el manejo del presupuesto.
- Limitada cobertura de los seguros, que se comprometen los presupuestos disponibles por diversas contingencias.
- Inadecuada defensa de los intereses de las organizaciones que se traducen en embargos sobre recursos contemplados en los presupuestos.
- Deficiente seguimiento y control del presupuesto ante la omisión de indicadores que establezcan oportunamente el grado de avance en la ejecución del presupuesto.
- Inobservancia en la construcción de mapas de riesgo, que mitiguen la comisión de delitos y de relevantes recursos del presupuesto.
- Dispositivos sistematizados y físicos sobre registros y soportes del presupuesto.
- Estructuras organizacionales inadecuadas para el manejo del presupuesto que confunden y distorsionan el proceso presupuestal.
- Inexistencia de Flujos de caja de técnica y en función de las disponibilidades y compromisos.
- Inconsistencias en los registros presupuestarios de la cuenta cero en la contabilidad pública.
- Acciones de tutela y procesos judiciales que congelan y embargan recursos presupuestales, porbilidades en los procesos misionales de la administración pública.
- Deficiente gestión de recursos presupuestales en cuentas bancarias improductivas, que no generaban beneficios mientras se invierten en programas sociales y de inversión.
- Continúa añadiendo los contratos hasta el 50% que desvió los demás.
- Permisividad por irregularidades sobre el manejo presupuestal sin sanciones ejemplarizantes.
- Desbordada corrupción.
- Desequilibrio entre los ingresos y gastos públicos
Hasta Pronto.
Marco Hernando Bonilla Martínez
Economista - Especializado en Control Interno y Auditoria