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El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Así mismo el gasto público es un instrumento importante de la política económica de cualquier país pues por medio de este, el gobierno influye en los niveles de consumo, inversión, empleo, etc. Así, el gasto público es considerado la devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno captó vía ingresos públicos, por medio de su sistema tributario principalmente” (Alberto Ibarra Mares- Introducción – Finanzas públicas.)

“De cada 100 pesos del Presupuesto General de la Nación -2012, fijado en 165,27 billones de pesos, 54,4 pesos irán a gastos de funcionamiento del Estado, 23,4 pesos se destinarán al pago de la deuda y 22,2 financiarán la inversión”.

El mayor problema que afronta las entidades públicas, es la prevalecía de bienes y servicios que no prestan ninguna utilidad o valor agregado a la organización y por el contrario la distrae y genera mayores costos, como los que enunciare más adelante.

Es en esta situación, donde el servidor público haciendo uso de la práctica del autocontrol y como responsable de los bienes asignados a su cargo, debe reportar al área competente de bienes y servicios de la entidad la correspondiente novedad de reintegro para que se descargue de su inventario individual aquellos que no aportan valor agregado al desarrollo de sus funciones.

Veamos entonces que hacer para tan delicada tarea:

  1. Interiorizar en la administración pública en todos los niveles la cultura de la austeridad, a través de prácticas de socialización y capacitación continua y normativas formales.
  2. Revisión juiciosa y responsable de los inventarios de bienes en poder de la administración pública, para establecer su utilidad o en su defecto proceder a su enajenación, donación o baja.
  3. Generación de campañas de ahorro de los servicios públicos de la administración pública, (luz, teléfono, celular, agua, gas,), con indicadores de ahorro supervisados.
  4. Reducción  importante del parque automotor, asignado de manera responsable a funcionarios que por su investidura lo requieren; lo cual origine reducción importante en gastos de mantenimiento, parqueo, vigilancia, impuestos, seguros, combustibles, lubricantes, etc.
  5. Asunción de  políticas sobre adquisiciones, transferencias, ventas y baja de bienes, de propiedad, depreciación, valorización y contabilización.
  6. Formalización y adopción de un manual como instrumento de guía y control, elemento socializador e instructor del quehacer contable, operativo  y administrativo de la administración, sobre los recursos de la organización.
  7. Revisión minuciosa, soportada y participativa sobre el del plan de compras anual.
  8. Revisión de inversiones para evitar operaciones en entidades con alto riesgo.
  9. Revisión de los montos de fondos en disponible que no generan ninguna rentabilidad.
  10. Revisión de la memoria institucional al momento de estimar proyectos y estudios.
  11. Eliminación de plantas paralelas de personal.
  12. Tercerización de funciones propias de la entidad a través de contratos, pero suprimiendo cargos de planta.
  13. Control oportuno en el vencimiento de inventarios (Medicamentos, productos perecederos).
  14. Cuidado en el manejo de condiciones labores a fin de impedir sanciones.
  15. Diligente  defensa de los intereses de la entidad por parte de los abogados externos.
  16. Oportunidad en la entrega de información oficial y obligatoria, que imposibilite la comisión de sanciones
  17. Revisión rigurosa en el cumplimiento de los términos del proceso contractual, que disminuya el riesgo en su ejecución y materialización del objeto contratado.
  18. Ejercicio permanente de control a través de arqueos, inventarios, conciliaciones, confirmaciones de los bienes y fondos de la organización.
  19. Exigencia de garantías suficientes sobre las deudas y/o cuentas por cobrar de la organización.
  20. Gestión de cobro oportuno.
  21. Adquisición racional de equipos informáticos y su utilización moderada en actividades inherentes a la organización.
  22. Disminución sustancial en la utilización del papel y fotocopias, contribuyendo además a mitigar la degradación ambiental, a través de medios informáticos.
  23. Actualización y modernización de equipos para evitar altos costos de mantenimiento y mayor consumo por obsoletos.
  24. Disminución absoluta de agasajos, fiestas, despedidas que provengan de la utilización de recursos públicos.
  25. Racionalizar la comisión de horas extras.
  26. Evitar la utilización desmedida de publicaciones sobre el deber ser de la organización.
  27. Uso racional de pasajes aéreos y viáticos por comisiones o eventos que no generen un valor agregado importante a la organización.
  28. Reducción sustancial de inmuebles en arrendamientos, en especial cuando la organización cuenta con bienes propios subutilizados.
  29. Consideración permanente de la relación costo/beneficio como principio de economía  a tener en cuenta en la administración pública.
  30. Direccionar proyectos y tareas que contribuyan a la preservación y conservación del medio ambiente.

 

Recuerde: “La eficiencia y eficacia como se utilicen los recursos públicos, posibilita el aprovechamiento de recursos escasos”

 

 

Marco Hernando Bonilla Martínez

Economista /Especialista en Auditoría y Control Interno

Consultor y Asesor, nacional e internacional, en los procesos de Auditoría Fiscal con enfoque integral, Auditoría interna de Calidad, ISO 9001 de 2008 y NTCGP 1000:2009, con más de 20 años de experiencia en estos campos. Conferencista nacional en estos procesos y en fundamentos  de mejoramiento institucional como  profesional.

 

 

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