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ISSN IMPRESO: 2665-1696 - ISSN ONLINE: 2665-3508

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Por: C.P. Juan Manuel Medina Blanco.

Desde hace muchos años en Colombia, cuando se implementó el Sistema Penal Oral Acusatorio, a través de la ley 906 del año 2004, cuyo contenido ha sufrido modificaciones y cambios a medida que el mismo sistema genera transformación y mutaciones según la evolución del comportamiento criminal y las mismas debilidades del sistema en el marco legal y procedimental lo han ameritado, aún persisten ciertos riesgos que como todo proceso deben ser quizás ajustados a la medida que la misma norma lo permita, pues esto depende de varios aspectos que garanticen el buen desarrollo esperado en la efectividad de la justicia.

Sin lugar a duda, ha sido un enorme encuentro entre las evoluciones de las profesiones y su incidencia en el marco normativo, donde cualquier profesión y/o ciudadano Colombiano, que tenga contacto con cualquier hecho punible sin importar la condición, ya está obligado a hacer parte del proceso, desde un reporte de inicio de una noticia criminal o comúnmente llamada denuncia, hasta el aseguramiento de una evidencia ya sea física o magnética, para preservar su integridad hasta el momento que expertos en criminalística ejecuten la recolección adecuada y sea sometida a la llamada cadena de custodia para disposición final de una autoridad en estrado judicial.

Pero resulta que todos estamos involucrados o hacemos parte de ese proceso, sin importar si somos forenses o no, pues qué pasaría si un auditor o revisor fiscal, tiene contacto con el descubrimiento de un fraude o un hecho que haga evolución inmediata a una comisión punitiva del delito, han pasado cerca de dieciséis años en este sistema acusatorio y aun muchos colegas no han tomado con seriedad estos aspectos.

Es fundamental que tengamos en cuenta algunos ítems para el desarrollo de la labor profesional en caso de estar en contacto con estos elementos, pues, con la aplicación de las NIA ha marcado una importante puntuación en el aseguramiento de evidencias de auditoria basadas en argumentaciones reales, lógicas y de trazabilidad de la información, que dan mayor fuerza al momento de que algún papel de trabajo del auditor se convierta en Elemento Material Probatorio o Evidencia Física de un delito posteriormente descubierto.

En el artículo 254 del en el ámbito de aplicación del protocolo de cadena de custodia ley 906/2004, nos habla de “..Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicara teniendo en cuenta los siguientes factores; identidad, estado de originalidad, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. La cadena de custodia se iniciara en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza por orden de autoridad competente.”, en ese orden de ideas encontramos que los principios a garantizar son:

Identidad de la Evidencia o EPM (Elemento Material Probatorio.)

Se garanticen sus condiciones físicas en cuanto al estado, apariencia, presentación y volumen, en los aspectos financieros, debe tener descripciones claras de las evidencias con datos y nombres que identifiquen los hallazgos desde lo general hasta lo particular.

Integridad.

Se debe determinar que se halló de acuerdo al debido proceso, sin violación de los derechos humanos o consentimientos oportunos, bajo el amparo legal, y que es el mismo que se utiliza desde que se encontró hasta la disposición final, sin mantener cambios y/o alteraciones en sus características, salvo transformaciones de su naturaleza o por practica de pruebas las cuales deben quedar registradas por el experto.

Preservación.

Conservar y mantener las condiciones adecuadas, según su clase y naturaleza, inalterables. No pueden existir modificaciones ni ajustes posteriores.

Seguridad.

Está a cargo de todo custodio de la evidencia, quienes deben de tener libre y exento de todo riesgo y peligro los elementos de prueba.

Almacenamiento.

Deben ser aseguradas y guardadas bajo condiciones adecuadas para la preservación, vigilancia, restricción de acceso, donde se procesen, analicen o estudien.

Continuidad.

Debe garantizarse que al evidencia, mantenga una secuencia ininterrumpida hasta que exista la disposición por parte de una autoridad competente, desde el lugar de los hechos, que no solo puede ser un crimen de homicidio, sino un crimen financiero o fiscal, hasta la toma de muestras, recolección, embalaje y envío a laboratorios especialistas.

Registro.

Siempre debe existir un registro sobre cualquier traslado, movimiento o traspaso de custodio, siempre que se trasladen de un lugar a otro, que garantice la guarda y responsabilidad del elemento en custodia.

Bajo esas condiciones, cualquier auditor o revisor fiscal que dentro de sus funciones posea hallazgos que permitan sustentadamente demostrar un crimen económico, debe asegurarse que las evidencias sean bajo los principios de cadena de custodia, esto permite que al sustentar un informe en audiencia de juicio oral, mantenga firmeza el sistema probatorio de lo contrario, un error en el proceso, es un riesgo de no ser valorada y menos tenida en cuenta como prueba, lo que permite algo llamado exclusión de la prueba por ilicitud.

En ocasiones los papeles de trabajo, suelen ser ordenados como parte del proceso penal, a pesar de ser de uso únicamente del profesional, una autoridad competente ante cualquier investigación puede requerir su exposición y revelación, siendo entonces recolectado como prueba que posteriormente debe ser sustentado en un estrado judicial dentro de un evento llamado audiencias de juicio oral, lo que nos indica que las NIA, hacen un gran aporte a la argumentación legal y seria de la labor, dentro del apoyo a la administración de justicia desde cualquier enfoque, ya sea privado o público.

Curriculum del Autor.

Juan Manuel Medina Blanco. Contador Público, Especialista en Revisoria Fiscal y Auditoria Forense, Perito en Documentología y Grafología forense graduado de la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia, Diplomado en Normas Internacionales de Auditoria (Masters Icaew Partner In Learning), capacitado por ICITAP Colombia (Programa Internacional de Asistencia para la Investigación Criminal) de la United States Department of Justice, en áreas de Inteligencia Criminal, Procesamiento y Análisis de la Escena del Crimen, Evidencia Demostrativa, Investigador Testigo, Testimonio Pericial en el Sistema Acusatorio Colombiano. Experiencia en el área pericial desde el año 2005 hasta el año 2015, Laboró en la Seccional de Investigación Criminal e Interpol Seccional Sucre, desde el 2015 hasta la fecha es perito y consultor independiente , además de desempeñarse como perito contable, auditor forense y revisor fiscal. Miembro y aliado de la firma ACT SAS.


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