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ISSN IMPRESO: 2665-1696 - ISSN ONLINE: 2665-3508

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El “Reporte a las Naciones de ACFE Internacional” es un estudio altamente especializado en materia de fraudes y delitos de cuello blanco, publicado por primera vez en 1996 y actualizado desde entonces en periodos bianuales.

Considerado el principal estudio de su tipo, el objetivo central del Reporte es analizar y difundir información sobre el abuso y el fraude ocupacional.

Desde su primera publicación, el Reporte se ha constituido en una especie de fotografía panorámica capaz de revelar ciertos aspectos clave del fraude, como son: su modo de operación, las pérdidas promedio que representa, las áreas dentro de las organizaciones más propensas a ser defraudadas, las banderas o focos rojos capaces de alertar sobre la posible incidencia de un fraude, y los medios más efectivos para prevenirlo, detectarlo y eliminarlo.

La edición 2010 del informe muestra una ventaja adicional, ya que por primera vez se realizó a nivel mundial y presentó puntos de referencia común en todas las regiones del orbe.

En efecto, los resultados de la última edición muestran que el fraude mantiene pautas y características similares a lo largo de todo el ámbito internacional. Aunque las naciones tengan ciertas costumbres y características propias, el fraude parece no mantener una afinidad particular con algún país a pesar de las diferencias culturales.

Como parte de esta óptica global, el reporte incluye 106 naciones y las ordena en cinco regiones: África (con 21 países), Asia (30), América Latina y el Caribe (21), Europa (28) y Oceanía (4).

Dos naciones fueron enlistadas por separado: los Estados Unidos de América y Canadá, en virtud de que los Reportes anteriores hacían alusión a casos ocurridos en estos países, en particular en los Estados Unidos, por lo que enlistarlos de manera independiente facilitó en la edición de 2010 la comparación con datos previos.

El término “fraude ocupacional”, materia del estudio, es muy amplio e incluye una gran variedad de conductas delictivas cometidas por empleados, proveedores, directores, ejecutivos y dueños de organizaciones de todo tipo y sectores.

Los esquemas de fraude ocupacional pueden ser tan simples como el despilfarro de materiales o refacciones en una organización, hasta sumamente sofisticados que involucran la colusión de múltiples actores o la manipulación especializada de estados financieros. Su clasificación abarca tres grandes grupos, como sigue:

  • Corrupción. Se refiere a esquemas en los que los defraudadores usan su influencia en negocios, violando su deber hacia sus empleadores con el propósito de obtener un beneficio personal o para alguien más. Por ejemplo: pedir o dar sobornos, extorsionar a terceras partes o involucrarse en conflictos de interés.
  • Malversación de activos. Esquemas donde los defraudadores roban o hacen mal uso de los recursos de una organización. Como ejemplos tenemos la facturación falsa, los fraudes con la nómina o el robo de efectivo antes de ser contabilizado (llamado en inglés skimming).
  • Declaraciones fraudulentas. Afirmaciones que carecen de verdad y que pueden ser emitidas respecto de asuntos no financieros, como antecedentes laborales o documentos sin relevancia económica; o respecto de información financiera, como en el caso del fraude en estados financieros, donde se involucran revelaciones intencionalmente falsas o la omisión de información relevante. Por ejemplo: ingresos ficticios o inflados, u ocultamiento de costos, gastos o pasivos.

Cada uno de estos grupos se subdivide, a su vez, en otras clasificaciones, de acuerdo con la gráfica anterior.

Es importante señalar que, por su naturaleza, el fraude no es un fenómeno que pueda ser científicamente observado, ni medido de manera precisa.

Una de las principales características de los efectos nocivos del fraude es que puede permanecer oculto por periodos prolongados, por lo que la mayoría de los fraudes involucra el intento de encubrir el delito.

Por ello, la mayoría de los fraudes no son descubiertos, y en muchos casos que salen a la luz, el monto total sustraído puede no ser determinado o los defraudados deciden no darlo a conocer a las autoridades ni al público en general.

PUBLICACIÓN EN ESPAÑOL DEL REPORTE A LAS NACIONES 2010 (REPORT TO THE NATIONS 2010)

En un esfuerzo por difundir el conocimiento más actualizado sobre el fenómeno del fraude a nivel mundial, el año pasado ACFE–Capítulo México solicitó la autorización de la ACFE Internacional para elaborar la versión al español del Reporte a las Naciones, 2010.

Una vez obtenido el permiso, concedido con manifiesto entusiasmo, ACFE-México se abocó a la edición y publicación del estudio con recursos propios, con el propósito de incrementar la conciencia sobre este fenómeno entre especialistas, profesionales, el sector académico y el público en general de habla hispana.

Un resultado neurálgico del estudio y que debe ser tomado con toda seriedad es que el fraude se encuentra en todas partes, y en todas partes sus tasas de crecimiento muestran una marcada aceleración.

Bajo esta desafortunada pero objetiva realidad, el Reporte arroja datos de gran interés que sirven para el desarrollo y práctica de metodologías especializadas que permiten reducir este lesivo fenómeno.

A continuación, se presentan algunos de los datos más relevantes del Reporte.

La pérdida promedio del fraude en el mundo es de USD 160,000. Casi un tercio de los fraudes ocurridos causaron pérdidas a la organización, superiores a los USD 500,000, y casi una cuarta parte de todos los casos revisados alcanzaron el umbral del millón de dólares.

La malversación de activos fue, por un amplio margen, el tipo más común de fraude en el estudio, representando casi 90% de todos los casos cometidos. No obstante, este tipo de fraude fue también el menos costoso, generando una pérdida promedio de USD 135,000.

Por su parte, el fraude en estados financieros se ubicó en el extremo opuesto del espectro en ambas situaciones; es decir, este tipo de fraude representó menos de 5% de los fraudes contenidos en el Reporte, pero causó pérdidas promedio de más de 4 millones de dólares, las más altas de todas.

Los esquemas de corrupción se ubicaron en el medio, representando poco menos de un tercio de los casos y provocando pérdidas promedio de USD 250,000.

Por otra parte, y sin importar la región, la fuente de detección de fraudes más importante son los llamados avisos o denuncias anónimas, las que lograron identificar casi tres veces más fraudes que cualquier otro medio, incluyendo auditorías y controles internos tradicionales, lo cual es consistente con los resultados de los reportes anteriores.

Las revisiones de la dirección y la auditoría interna fueron la segunda y tercera formas más comunes de detección, descubriendo 15 y 14% de los fraudes, respectivamente. También cabe destacar que 11% de los fraudes fueron detectados por medio de canales que se encuentran fuera de la estructura de los controles antifraude tradicionales: el accidente, la notificación de la policía y la confesión. En otras palabras, 11% de las ocasiones la organización víctima, o bien se tropezó con en el fraude, o fue notificado por un tercero.

Ya que las denuncias anónimas son la forma principal de detección de fraudes, resulta importante conocer la fuente principal de donde surgen dichas denuncias. Para todas las regiones, los empleados fueron la fuente más común de estas.

Sin embargo, los clientes, proveedores, competidores y conocidos (es decir, fuentes externas a la empresa) proporcionaron en conjunto al menos 34% de los avisos, lo que sugiere que las políticas y programas sobre reporte de fraudes deben ser publicitados no solo entre los empleados, sino entre clientes, proveedores y otras partes interesadas.

Si bien los avisos han sido siempre la forma más común de detectar el fraude, el impacto de estos es comúnmente subestimado si consideramos que muchas organizaciones no tienen implementados sistemas para recabar información confidencial sobre fraudes, los llamados hotlines.

Tales sistemas permiten que los empleados y cualquier tercero reporte de manera anónima fraudes o conductas indebidas, por lo general, mediante una línea telefónica o un portal en línea. La posibilidad de denunciar fraudes de forma anónima es clave, porque los empleados a menudo temen dar informes debido a la posibilidad de sufrir represalias futuras por parte de sus superiores o sus compañeros.

Los datos muestran que las organizaciones que contaban con líneas de denuncia sufrieron pérdidas por fraude mucho menores que las organizaciones que no tienen implementado este control, reduciendo sus pérdidas en casi 60%. Esas organizaciones también mostraron una tendencia a detectar fraudes siete meses antes que sus homólogos sin líneas de denuncia, por lo que el periodo de duración de los fraudes se redujo 35%, mediante la implementación de este medio.

Por otra parte, el estudio revela los tipos más frecuentes de fraude cometidos en las organizaciones pequeñas. Estos datos pueden ser de utilidad para que las empresas pequeñas encuentren orientación al momento de dirigir sus recursos, con frecuencia limitados, a aquellas áreas que representan mayores riesgos.

Por supuesto, los riesgos específicos que enfrenta cualquier organización dependen en gran medida de su industria o sector particular, del entorno en el que operan, de procesos, cultura y muchos otros factores. No obstante, examinar qué esquemas de fraude son más comúnmente cometidos en las empresas con menos de 100 empleados puede ayudar a comprender mejor los problemas de fraude que deben enfrentar estas organizaciones.

Los esquemas de alteración de cheques fueron mucho más comunes en las organizaciones pequeñas que en otras entidades. El hurto antes del registro en libros y el fraude en nómina también fueron más frecuentes en las organizaciones pequeñas.

De acuerdo con el Reporte, estas tendencias tienen sentido, pues las funciones afectadas por dichos esquemas (por ejemplo, emisión de cheques, cobranza en efectivo y nómina, respectivamente) son más propensas a ser realizadas por un solo individuo, por ejemplo, un Contador, y a menudo están sujetas a una supervisión menor dentro de las pequeñas empresas en comparación con organizaciones más grandes, en donde los deberes se encuentran separados y la autorización de las transacciones más sistematizada.

En contraste, a pesar de que los esquemas de corrupción fueron el tercer tipo de fraude más común dentro de las empresas pequeñas, también fueron menos frecuentes en organizaciones pequeñas que en sus contrapartes más grandes.

Las organizaciones con más de 100 empleados mostraron a la corrupción como el esquema de fraude más comúnmente cometido, con 35.2% de los casos, seguido de la facturación y el hurto en especie, con 25 y 18%, respectivamente.

Junto con el número de empleados, otra característica de las organizaciones que influye sobre su propensión a ser víctimas de fraude es la naturaleza jurídica con que cuentan.

Más de 40% de las organizaciones del Reporte son privadas, y casi un tercio son compañías que cotizan en bolsa, lo que significa que casi tres cuartas partes de las organizaciones víctima representadas en el estudio son empresas con fines de lucro.

En contraste, 16% de los fraudes reportados se cometieron en dependencias gubernamentales, y las organizaciones sin fines de lucro fueron la categoría con menor representación, con menos de 10% de los fraudes cometidos.

Además de experimentar la mayor parte de los fraudes, las empresas privadas y las participantes en la bolsa, también fueron víctimas de los esquemas más costosos del estudio. La pérdida promedio para estas empresas fue de USD 231,000 y USD 200,000, respectivamente.

Mientras tanto, las pérdidas experimentadas por dependencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro fueron aproximadamente de la mitad. Las agencias gubernamentales tuvieron pérdidas promedio de USD 100,000, mientras que las organizaciones sin fines de lucro perdieron en promedio USD 90,000 como consecuencia del fraude.

Por otra parte, el reporte muestra cuál de los diversos controles antifraude más comunes estaban implementados en la organización al momento de la comisión del fraude. Así, se muestra la mera presencia de cada control y no necesariamente su papel para detectar el fraude una vez iniciado.

Más de tres cuartas partes de las organizaciones víctima del Reporte auditó sus estados financieros por auditores externos, mientras que dos tercios contaban con departamentos de auditoría interna o de examinación de fraudes, y casi 60% contaron con auditorías independientes a sus controles internos relativos a la presentación de informes financieros.

Además, casi 70% de las organizaciones tenía un código de conducta formal, implementado al momento del fraude, aunque solo 39% incluyó dentro de dicho código una política oficial antifraude.

Otra medición importante que contiene el Reporte es la relativa a la eficacia de los controles implementados en la reducción de las pérdidas por fraude. El estudio compara la pérdida promedio que experimentaron las organizaciones según los controles antifraude que tenían implementados.

Como se ha señalado, las líneas de denuncia anónima fueron el control con la mayor reducción asociada a pérdidas promedio, lo que enfatiza su valor como una medida eficaz contra fraudes.

Los programas de apoyo a empleados, las auditorías sorpresa y la capacitación sobre el fraude a los miembros del personal de todos los niveles, también mostraron la reducción en más de 50% de las pérdidas promedio. Resulta interesante que las auditorías a los estados financieros (el control más comúnmente implementado) se ubicó entre los controles con menores reducciones de las pérdidas promedio.

Hay otro hecho que no ha cambiado desde que el Reporte se comenzó a emitir en la década pasada. Los dueños y ejecutivos de alto perfil permanecen como los candidatos menos probables a cometer fraude en todas las regiones. Sin embargo, cuando lo cometen las pérdidas son sustancialmente mayores en comparación con fraudes cometidos por empleados o por miembros de la dirección.

La pérdida promedio en fraudes de propietarios o ejecutivos fue más de tres veces superior a la pérdida causada por los directivos, y más de nueve veces superior a las pérdidas en casos de fraude de empleados.

De igual modo, los fraudes cometidos por personas de nivel superior en la organización también tomaron más tiempo en ser detectados. Los casos cometidos por propietarios y ejecutivos normalmente duraron dos años antes de que se detectaran, casi el doble de tiempo que los fraudes cometidos por empleados.

Es posible que este fenómeno sea resultado de que las personas con mayor autoridad y mando dentro de la organización, cuenten con mayor posibilidad de evadir los controles implementados.

En cuanto a los departamentos o áreas con mayor cantidad de casos de fraude reportados, el estudio indica que 80% de todos los casos fueron cometidos por personas en uno de estos seis departamentos de la organización:

  • Contabilidad.
  • Operaciones.
  • Ventas.
  • Dirección Ejecutiva o alta dirección.
  • Servicio al cliente.
  • Compras.

En cuanto a fraudes por departamento, los cinco departamentos que generan mayores pérdidas por fraude son:

  • La Dirección Ejecutiva o alta dirección, con pérdidas promedio de USD 829,000.
  • El Consejo de Administración, con pérdidas de USD 800,000.
  • El Departamento Legal, con pérdidas de USD 566000.
  • El Área de Compras con pérdidas por USD 500,000.
  • El Departamento de Finanzas, con pérdidas promedio de USD 450,000.

Estos datos indican que los departamentos señalados representan áreas de riesgo que deben ser adecuadamente supervisadas. En contraste, vemos que las áreas de servicio al cliente y auditoría interna causaron las pérdidas promedio más bajas, según los datos del estudio.

Ahora bien, tratándose de fraudes, la condición de género tiene manifestaciones diversas en la mayoría de las regiones. En Estados Unidos y Canadá, más de 40% de quienes cometieron fraude fueron mujeres. Sin embargo, en Asia y Europa fueron menos de 20%.

En términos generales, dos tercios de los fraudes del estudio fueron cometidos por hombres, que es un porcentaje más alto al de 2008. No obstante, de acuerdo con algunos investigadores, quizá solo es cuestión de tiempo para que las estadísticas alcancen una paridad, de manera correlativa al aumento de la participación femenina en todos los niveles del campo laboral.

De igual modo, los hombres representaron pérdidas promedio por fraude significativamente mayores que las mujeres, lo cual es consistente con los reportes de años anteriores. La pérdida media causada por un defraudador masculino fue más de dos veces superior a la pérdida promedio causada por una mujer.

En cuanto al comportamiento de los defraudadores, los focos o banderas rojas más importantes para la detección de fraudes siguen siendo, también de modo consistente con reportes de años previos, las “dificultades financieras” y el hecho de “vivir más allá de los propios medios”.

No obstante, Oceanía, Asia, Europa, África, América Latina y el Caribe muestran, también, como una bandera roja significativa, a la “relación inusualmente cercana del defraudador con un proveedor”, por lo que esta debe ser tomada como una alerta ante posibles relaciones basadas en el soborno.

De igual modo, más de 85% de los infractores nunca habían sido acusados o condenados previamente por un delito relacionado con el fraude. Este hallazgo es consistente con los datos de los estudios anteriores, y representa una dificultad adicional para detectar a posibles infractores dentro de una organización.

El Reporte, que contiene muchos más datos indispensables para comprender y abatir este fenómeno, parece apuntar a una conclusión: el fraude es un problema mundial de nocivas consecuencias financieras, éticas y de imagen para todo tipo de empresas y organizaciones que lamentablemente seguirá creciendo durante los próximos años, según las tendencias.

Por ello, es necesario seguir impulsando comunidades de profesionistas dedicados a cerrar los espacios a estos delitos y construir una colectividad en continuo intercambio de ideas y experiencias, poseedora de técnicas y metodologías especializadas, y fortalecida por una cultura de rigor profesional, colaboración y ética.

De ahí la importancia de publicaciones como el Reporte a las Naciones, que dimensiona la trascendencia del fenómeno y la urgente necesidad de adoptar herramientas para reducirlo.

 

 

Lic. Muna Dora Buchahin Abulhosn
Vicepresidenta de ACFE, Capítulo México

http://www.acfe-mexico.com.mx/

http://www.acfe.com/

Fuente: Revista Contaduría Pública www.contaduriapublica.org.mx del Instituto Mexicano de Contadores Públicos www.imcp.org.mx

 


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