Identificarse  \/ 
x
x

x

Ratio: 2 / 5

Inicio activadoInicio activadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Un procedimiento de auditoría básico de estados financieros como las confirmaciones con externos, permite identificar y documentar con alto grado de confiabilidad casos como el de la Estafa Maestra.

La investigación denominada la Estafa Maestra realizada por la publicación digital Animal Político, que obtuvo el premio de periodismo 2018 Ortega y Gasset, tiene como eje fundamental el resultado de 12 auditorías forenses efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a universidades públicas y dependencias públicas federales, como se señala en la investigación periodística.

En las citadas auditorías se detectó el esquema de operación que siguieron las 11 dependencias públicas para desviar recursos por 7,670 millones de pesos aplicando diversas pruebas de auditoría, entre las que destaca el procedimiento de confirmación con externos, procedimiento de auditoría que se define en las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).

La NIA 530 define la confirmación externa como: “El proceso de obtener y evaluar evidencia de auditoría a través de una comunicación directa de una tercera parte, en respuesta a una solicitud de información sobre una partida particular que afecta las aseveraciones hechas por la administración en los estados financieros”, pero también se confirman las operaciones realizadas con los externos, para determinar la congruencia con los registros contables y presupuestales, pero sobre todo para ratificar la autenticidad de los documentos que las respaldan y la legalidad de las empresas que emiten la documentación. Además, en la NIA se señala: “Con frecuencia se usan las confirmaciones externas en relación con los saldos de cuentas y sus componentes, pero no necesitan restringirse a estas partidas. Por ejemplo, el auditor puede pedir confirmación externa de los términos de convenios o transacciones que tenga una entidad con terceras partes. La solicitud de confirmación se diseña para averiguar si se han hecho modificaciones al convenio, y si es así cuáles son los detalles relevantes”.

La aplicación de este procedimiento en las auditorías forenses practicadas por la ASF a dependencias del gobierno federal y universidades públicas, tuvo continuidad en la aplicación de la investigación periodística, por lo que se logró identificar que las dependencias públicas celebraban contratos o convenios de colaboración con las universidades para realizar servicios que no correspondían a su perfil de entidades docentes y de investigación, por lo que actuaban únicamente como intermediarias para la contratación de proveedores y prestadores de servicios, que de acuerdo con los resultados de la investigación, en varios casos eran propuestos por la entidad contratante, obteniendo por esta acción recursos que ascendieron a $1,006,421,805, sin prestar ningún servicio real.

A través de las confirmaciones los auditores y los periodistas pudieron identificar que un gran número de las empresas subcontratadas por las universidades para el desarrollo de los trabajos, materia de los convenios celebrados con las dependencias gubernamentales, eran fantasma, porque los domicilios fiscales reportados correspondían a casas habitación que no tenían nada que ver con las supuestas empresas, lo cual fue posible determinar porque el procedimiento de confirmación con externos implica –además de la solicitud al proveedor o prestador de servicios para que confirme por escrito los saldos de las operaciones realizadas con la entidad contratante en un periodo determinado, detallando y adjuntando las facturas (CFDI) emitidas– que exhiba la documentación para acreditar su constitución legal y sus registros ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía, lo cual se complementa con una visita que realiza el auditor al domicilio fiscal señalado en el registro del SAT y en las facturas, acción que normalmente incluye también una entrevista con el dueño o el representante legal de la misma, recabando datos de la operación de la empresa y fotografías de las instalaciones del lugar para verificar si se trata de una empresa formalmente establecida, y si cuenta con las condiciones e infraestructura para prestar el servicio contratado, el resultado en el caso que nos ocupa fue el siguiente:

“De las 186 empresas seleccionadas en estos convenios, 128 presentan irregularidades, de acuerdo con las propias autoridades consultadas y a la visita que Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) hicieron a sus oficinas: el SAT, por ejemplo, entre 2014 y 2015 declaró fantasma a 11 e investiga a nueve más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la ASF, cuando las buscó para revisar su legalidad.

Es decir, ninguna de estas 128 debieron recibir contratos públicos, según lo que establece la ley”.

También se detectó que las Actas Constitutivas de algunas empresas eran actos simulados, ya que se habían incluido como socios, trabajadores de intendencia que al ser visitados y entrevistados en su domicilio, confesaron que habían firmado como prestanombres, identificando por la localización de su domicilio que no correspondían al perfil de socio de empresa que había celebrado contratos millonarios para prestar servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex).

La NIA 530 también establece que las confirmaciones se pueden efectuar en relación con los términos de los convenios para determinar si se han efectuado modificaciones y si se cumplieron los propósitos de los mismos, lo cual se logra solicitando en este caso a la dependencia gubernamental contratante que confirme si no se realizaron modificaciones al convenio y si los entregables objeto del convenio fueron entregados a la entidad contratante en tiempo y forma con base en lo acordado en el convenio; de esta acción no se identificaron resultados de la investigación, seguramente porque el resultado no sería revelador, ya que las entidades contratantes no se atreverían a señalar que las universidades habían incumplido alguna parte del convenio al subcontratar la totalidad de los servicios o al no cumplir con los entregables pactados.

Las pruebas complementarias para verificar la entrada al almacén de los bienes adquiridos, o la evidencia de los servicios prestados, en este caso permitió identificar y documentar que las universidades no habían recibido los bienes y servicios contratados, lo que evidenciaba el desvío de recursos públicos.

Se concluye que las confirmaciones con externos constituyen un procedimiento básico en auditorías de estados financieros, pero que son fundamentales en las auditorías financieras y de cumplimiento, especialmente en las forenses que se practican a las entidades que manejan recursos públicos, porque su adecuada aplicación permite a los auditores identificar y documentar hallazgos con alto grado de confiabilidad.

 

L.C. Diana E. Díaz Arciniega

Tesorero del Consejo Directivo de la AMDAD

Fuente: https://veritasonline.com.mx 


Regístrese para que pueda comentar este documento

Más Leídas

lateralG3.2

lateraLS1

lateralDR2